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Hay regulaciones perversas hacia instituciones de buena fe: Panel Anticorrupción

Por: Redacción
11 de octubre, 2018 - 17:26 | Chihuahua

Chihuahua.- Existen regulaciones perversas para entorpecer el buen camino de las instituciones que son creadas de buena fe, además de que diversas comisiones o comités tienen como acuerdo mantener elestatus quo que prevalece en muchas de las áreas del quehacer público, denunció la presidenta del Observatorio de las Telecomunicaciones de México (Observatel A.C), Irene Levy Mustri.

Levy Mustri participó en el panel “Competencia, Regulación y Corrupción” del Encuentro Nacional Anticorrupción, junto a José Roldán y Alejandra Palacios.

La especialista señaló que tanto en el sector público como en el privado, existen incentivos naturales para preservar el monopolio de la regulación y de la toma de decisiones en esta materia.

Planteó un modelo de gobernanza con énfasis en la participación de Estándares Profesionales de Inversión Global, como una opción para contribuir a combatir este monopolio y dijo que el modelo actual presenta limitaciones a la participación efectiva.

El director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del Instituto Nacional de Geografía (Inegi), Adrián Franco, indicó que más de las mitad de las unidades económicas de las empresas de todo tamaño y de todo sector en el país, sienten o experimentaron que la carga que los gobiernos les imponen en materia regulatoria, siempre es peor que el año anterior o es una carga muy superior a la cual hay que atender.

El funcionario fue moderador en el panel y dijo, en la introducción, que los conceptos de competencia, regulación y corrupción tienen que ver con las reglas del juego para las compañías.

Precisó que 115 mil millones de pesos es el costo anual de las empresas para atender los trámites y servicios que tienen que realizar ante los diversos órdenes de Gobierno.

Destacó que una de cada cuatro empresas enfrenta un problema cuando acude el Gobierno a cumplir con sus responsabilidades.

Compartió que cerca de 40 por ciento de las empresas de tamaño mediano enfrentan algún acto de corrupción y que en el país, más del 50 por ciento de las empresas asimilan, que tienen que asumir algún costo de tipo organizacional para atender las reglas.

El doctor José Roldán, profesor e investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), señaló que la corrupción es un acto sancionado por la Ley de Competencia Económica y por la Ley de Servidores Públicos, además de que debiera ser sancionado por las leyes de las entidades federativas.

Lamentó que, en ocasiones, los actos de corrupción implican una ganancia para quienes la realizan, incluso después de pagar la sanción que la ley les impone por el ilícito cometido.

Planteó la posibilidad de sancionar dos veces a las empresas que entren en colusión con los funcionarios públicos, porque una ley protege la competencia leal y otra el cuidado de los recursos públicos de las instancias gubernamentales.  

 

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